La creciente intervención del Estado en la economía argentina es muy preocupante. En los últimos años, por la vía de estatizaciones, expropiaciones, pero también por digitación de precios, fijación de cupos y/o prohibición de exportar o importar, intervenciones en el mercado cambiario, sumado a una agresiva presión impositiva, el Gobierno ha ingresado en áreas de la economía que países exitosos, desarrollados y emergentes han abandonado.
Algunas de las consecuencias son las siguientes: •Escasez de oferta de productos, con precios artificialmente bajos porque los costos superan a los precios, o por falta de insumos importados.
•Baja en la calidad.
•Pérdida del entusiasmo inversor por falta de reglas claras para el largo plazo.
¿Qué empresario puede sentirse verdaderamente responsable por los resultados, o el desarrollo de la empresa que gestiona, si buena parte de las decisiones más críticas son tomadas desde fuera? El argumento generalmente invocado es la preocupación de las autoridades para evitar subas de precios, responsabilizando a los empresarios por una inflación que ya alcanza niveles alarmantes. Tal vez haya otras razones, pero el Gobierno debiera preguntarse si lo que pasa no es el resultado de la política económica de los últimos años ; personalmente, creo que es así.
A esta altura, quedan muy pocos en el mundo que desconocen que la inflación no responde a la voracidad de los que fijan precios de bienes y servicios, ni siquiera a quienes deciden los aumentos de salarios, sino a quienes manejan las cuentas públicas y, en particular, quienes regulan la emisión monetaria.
Lo cierto es que la inflación castiga en mayor medida a los más pobres y el disponer de una moneda sana es una responsabilidad básica del Estado, a quien la sociedad le cede el manejo de las herramientas macroeconómicas para hacerlo.
Sin embargo, no sólo se trata de responsabilizar de esta situación a terceros sino que, por la vía de la intervención en los negocios, se desanima a los empresarios tanto a emprender como a gestionar sus empresas.
Se actúa, por ende, sobre los síntomas de la enfermedad y no sobre sus verdaderas causas.
El principio de subsidiariedad, que es reconocido hasta por la Doctrina Social de la Iglesia como un pilar para el desarrollo de las personas a través del trabajo digno, indica claramente que las instituciones de rango superior no deben actuar en ámbitos donde puedan manejarse las de rango inferior , aunque es claro que deben ocuparse de sus responsabilidades más básicas. En el caso de la economía, el Estado debe proveernos de moneda sana y dejar a los particulares ejercer con libertad, en competencia y dentro de la legalidad, la actividad empresaria.
Esta lección ha sido aprendida por los países que mejor evolucionaron en las últimas décadas. Obviamente, el principio también es válido puertas adentro de la empresa, impulsándose así la delegación de responsabilidades hacia niveles inferiores, lo que fomenta el desarrollo y progreso de los empleados en toda la empresa.
Evidentemente, se hace imprescindible una mayor articulación entre Estado y empresas . Cada uno ejerciendo sus verdaderas responsabilidades. En este sentido, una jornada de reflexión como el Encuentro Anual que organiza ACDE el próximo 26 de junio puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y en nuestro entorno en este plano y, al mismo tiempo, sobre cómo se pueden complementar las acciones de los empresarios y el Gobierno, de manera de lograr un desarrollo sostenible en el largo plazo.
Los empresarios tenemos una cuota de responsabilidad en el difícil escenario que enfrentamos en los últimos tiempos, ya que no hemos encontrado la manera de transmitir a la sociedad y a las autoridades lo que pensamos acerca de este accionar por parte del Estado . No obstante ello, nunca es tarde para solucionar los problemas, si existe transparencia, buena voluntad y actitud de diálogo.
