Se acercan Gobierno y oposición para votar la ley contra lavado
Ámbito Financiero
La oposición no quiere aparecer obstaculizando la votación de la nueva ley contra el lavado de dinero ni, mucho menos, precipitando una sanción contra el país en el GAFI. Curiosamente, es lo mismo que
Cristina de Kirchner afirmó sobre sí misma en la reunión de urgencia que convocó en Olivos con ministros y diputados para discutir las exigencias para una reforma inminente de esa legislación.
Ayer, los jefes de bloque opositores le respondieron al pedido que el Gobierno hizo el miércoles para apurar la votación de la ley antilavado: anunciaron su voluntad de aprobar el proyecto y hasta anticiparon que convocarán para la semana próxima a un plenario de comisiones para emitir dictamen.
La decisión fue anunciada ayer por
Alfonso Prat Gay de la Coalición Cívica,
Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo,
Federico Pinedo por el PRO y
Gustavo Ferrari del Peronismo Federal.
Los cuatro explicaron el estado en que se encuentran los cuatro proyectos sobre lavado de dinero:
«A la oposición le interesa el tratamiento de este tema y ya nos habíamos reunido en estos días para pensar en la convocatoria para la próxima semana, más allá de la sugerencia que ayer realizó, en este sentido, el presidente de la Cámara a los presidentes de las dos comisiones que trabajan en el proyecto», dijo Gil Lavedra.
Al mismo tiempo, los cuatro presidentes de bloque terminaron de pulir una propuesta común que ahora debe analizar el Gobierno para decidir si acuerda y libera así el dictamen y la sesión.
En ese proyecto se eliminó la facultad que se otorgaba a la UIF para constituirse como querellante, tal como se había pedido en el proyecto del Poder Ejecutivo. De todas formas,
José Sbatella ya les había dicho a diputados de la oposición que si se fortalecían las facultades de las fiscalía para actuar en las causas, podría conversarse la situación de ese poder para la UIF.
De hecho, la delegación del Gafisud que visita el país remarcó en algunas de las reuniones con diputados opositores que en el resto de los países de Latinoamérica sus órganos de combate al lavado no cuentan con esa facultad.
En el borrador opositor se consagra a la UIF como un organismo autónomo, funcional y financieramente, pero quedó para discutir el área de Gobierno de la que debe depender, aunque casi todos los jefes de bloque están de acuerdo en que debe ser de la Jefatura de Gabinete.
Pero quedó claro que se retira la idea de la Coalición Cívica de establecer a la UIF como una nueva agencia antilavado dependiente directamente del Congreso, algo que el Gobierno no acepta.
Quedaron por discutir durante el fin de semana las penas que se aplicarán para la nueva tipificación del lavado de dinero como delito autónomo en la reforma que se hace al Código Penal. El radicalismo las consideró demasiado altas y de ahí que se pretendía un pulido final.
Al mismo tiempo,
Cristina de Kirchner recibió ayer otro borrador final de un proyecto de ley contra el lavado que elaboró
Carlos Zannini en la secretaría legal y técnica junto con Sbatella. Si la Presidente lo acepta, será la base de negociación con la oposición.
La convocatoria por debatir en Diputados quedó ahora a cargo de Prat Gay, como presidente de la Comisión de Finanzas, y de
Juan Carlos Vega, titular de la Comisión de Legislación Penal, ambos de la Coalición Cívica.
Prat Gay explicó ayer:
«Ya se dio el debate técnico; ahora hay que dar el debate político, porque aún no se habló en esos términos en la Comisión de Legislación Penal, y en la de Finanzas sólo se realizó en forma parcial», y advirtió:
«Si el oficialismo piensa seguir adelante con esto de aprobar proyectos sin siquiera modificarle una coma, no cuenten con nosotros».
