Diego Cabot y Francisco Olivera
LA NACION
Un ambicioso proyecto para construir la represa más grande de Ecuador terminó en una grave denuncia por malvender bienes del Estado argentino. La incursión de Enarsa en la tierra de Rafael Correa, un presidente amigo de los Kirchner, fue breve y traumática: un directivo de la firma estatal argentina se retiró del emprendimiento, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, e hizo una presentación en la que pide que se investigue al ministro de Planificación, Julio De Vido; a su secretario privado, José María Olazagasti, y al presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa. Los acusa de haber vendido a un precio irrisorio el 30% de las acciones en la central eléctrica.
La denuncia fue presentada el verano pasado, con el número 26.919, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Sindicatura General de la Nación y en la mesa de entradas de la cartera que dirige De Vido (asentada con el número S01: 363923/2009 363923/2009 ). Hasta la semana pasada, en ninguno de los tres lugares el expediente había tenido movimientos.
Enarsa había accedido al 30% de Coca Codo Sinclair, una represa con un potencial de negocios millonario, mediante el acuerdo firmado en 2008 entre la presidenta Cristina Kirchner y su par ecuatoriano, Rafael Correa. Pero la controversia empezó en septiembre pasado, cuando la Argentina decidió sorpresivamente retirarse del negocio: Olazagasti se reunió en Quito con los ministros ecuatorianos Galo Borja (Areas Estratégicas) y Germánico Pinto (Minas y Petróleo) y acordó la venta definitiva de la parte argentina al Estado ecuatoriano en 5,5 millones de dólares, apenas un millón más que los 4,12 millones en efectivo que había aportado Enarsa a la iniciativa.
Según el plan de negocios consignado en la denuncia, el proyecto preveía ganancias infinitamente más suculentas que ese precio de venta: 438 millones de dólares anuales en los primeros 10 años, y después, durante los 40 años siguientes, 381 millones por cada ejercicio. El emprendimiento requería una inversión de 1979 millones de dólares, el 85% de los cuales iba a ser financiado por el China Eximbank.
El texto de la presentación es contundente. "Enarsa, como propietaria del 30% de las acciones de Coca Codo Sinclair, tenía derecho sobre todo este proyecto. Pero los funcionarios argentinos decidieron vender esta parte del patrimonio argentino a un precio vil", afirma.
Qué hacía Olazagasti, el hombre que le lleva la agenda a De Vido y empleado de la cartera de Planificación sin atribuciones de funcionario, negociando la venta de un activo estratégico millonario con dos ministros y sin la presencia de representantes del Estado argentino es otra de las incógnitas que envuelven el caso y que también expresa la denuncia.
En septiembre, durante la etapa de conversaciones por la venta, los diarios ecuatorianos dijeron que el encuentro entre el enviado argentino y los dos ministros había sido negado a la prensa hasta que Olazagasti fue fotografiado al salir de la reunión.
Consultados, voceros del Ministerio de Planificación se limitaron a justificar la operación. "Enarsa vendió muy bien. Se recuperó la plata que se puso", dijeron a LA NACION.
Según el documento presentado, "deberá De Vido dar cuenta [de] por qué motivo su participación en el proyecto hidroeléctrico de Ecuador no se realizó en su totalidad mediante actos provenientes de la asamblea de accionistas de Enarsa, sino que tuvo una activa participación en las negociaciones, dando instrucciones por teléfono celular a su secretario privado, José María Olazagasti, en el transcurso de la negociación, sobre el precio de venta de las acciones, desplazando en las decisiones al rol y las facultades del representante legal de Enarsa, allí presente, ingeniero Exequiel Espinosa". El 19 de enero de 2010, la petrolera estatal convocó la asamblea general de accionistas de la sociedad para el 5 de febrero. En el punto ocho del orden del día, figuraba la "Consideración de la gestión de venta de la participación accionaria de Enarsa en Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair". Pero la asamblea no logró aprobar la venta.
A pesar de que así lo establecía el contrato constitutivo de la sociedad, el tema nunca se trató en la asamblea de accionistas. Aunque el Estado es el propietario de la mayoría de Enarsa, 14 provincias tienen una pequeña parte de las acciones que, sumadas, llegan al 12%. El martes pasado, durante un almuerzo organizado por el Club del Petróleo en el Hotel Presidente, desde una de las mesas le preguntaron al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, qué tenía pensado hacer con Enarsa si llegaba a presidente de la Nación. "¿Enarsa? -contestó-. Es un dibujo. Las provincias no están. Es una empresa de dos o tres personas. ¡Peligroso!"
La participación de la petrolera en Coca Codo Sinclair se resolvió después de un acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y Correa en febrero de 2008: se dispuso entonces la edificación conjunta de la represa mediante un convenio entre Termopichincha, posteriormente absorbida por Corporación Eléctrica Ecuador (Celec), y la petrolera argentina. La primera tendría una participación de 70%, y Enarsa se quedaría con el resto. El estatuto de Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y el acuerdo de accionistas fue firmado por Espinosa y, como testigo de honor, por De Vido. Sin discusión pública
Sin consultora
En la denuncia ante la Fiscalía se expresa que, en este acuerdo de accionistas se estableció que en caso de transferencia de acciones, los accionistas están facultados a nombrar una consultora especializada para que estime el precio de las acciones. Nunca se designó una consultora. Fue Olazagasti el encargado de motorizar la venta.
Para respaldar el proyecto, en abril de 2008, Cristina Kirchner viajó a Quito, donde se inauguraron obras y se firmó el primer contrato celebrado por Coca Codo Sinclair para la construcción de las vías de acceso por un monto de US$ 20 millones, que aportarían los accionistas.
La construcción quedó a cargo de la firma china Sinohydro, que mantuvo contactos con funcionarios argentinos. Wang Yinfu, ejecutivo de la empresa china, puso al tanto de la situación a un funcionario de Enarsa acerca de las gestiones realizadas por Sinohydro ante el Eximbank. "Eximbank está dispuesto a conversar con el gobierno argentino sobre el porcentaje que representan en ese proyecto", dijo el ejecutivo chino, a través de un correo electrónico, en castellano, el 4 de mayo del año pasado.
El entusiasmo chino duró menos de tres meses. En un escueto comunicado difundido el 17 de septiembre del año pasado, después de un año y medio de trabajo, Enarsa reconoció el abandono del proyecto, que atribuyó a los problemas globales. "Debido a la crisis internacional, el financiamiento, que provendría de créditos gestionados por las empresas argentinas, no fue posible", explicó el texto, que no consignaba el monto de la venta. Las suspicacias del sector energético aumentaron 20 días después, cuando, a pesar de la crisis, el gobierno de Correa le adjudicó la obra a la propia Sinohydro con financiación del mismo banco, el China Eximbank. Eso puso en duda el argumento argentino de la falta de fondos.
La denuncia se explaya también sobre los costos asumidos por la petrolera estatal argentina. "El directorio de Enarsa tenía pleno conocimiento [de] que los aportes realizados por la firma mediante transferencias a la cuenta bancaria de Coca Codo Sinclair ascendían a US$ 4,12 millones, que además se debió crear una sucursal y abrir una oficina en Ecuador, lo que implicó importantes desembolsos y que, en su totalidad, exceden los US$ 5,5 millones que recibió al momento de vender el 30% de las acciones", dice.
