Las autoridades de Perú y Bolivia se reunirán el 25 de febrero próximo en el hito 19 de su frontera común para tratar de la contaminación del río Suches, afluente del Lago Titicaca, como consecuencia de la minería informal, informaron hoy medios en Lima.
El representante de la Agencia Técnica de Minería-Suches (Ingemmet), Yuri Coila, indicó que la cita fue pactada en una reunión de coordinación previa que se celebró en el distrito de Cojata (región peruana de Puno), según la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
El funcionario peruano también manifestó que el alcalde de distrito de Pelechuco (Bolivia) se comprometió a convocar a las autoridades más representativas de su país para abordar este problema ambiental generado por el vertido de aguas ácidas provenientes de la explotación ilegal de oro en la zona.
Coila también recomendó que se instale controles policiales en el hito 19 para evitar que los maquinistas peruanos alquilen a los bolivianos maquinaria pesada para la extracción ilegal de oro.
Por otro lado, los pobladores del distrito de Cojata han reportado que de 20 a 25 cisternas de combustibles se trasladan diariamente a la frontera para abastecer a estas maquinarias.
Del lado boliviano presuntamente ingresan de forma ilegal camiones cargados de combustibles, que posteriormente son llevados a la mina La Rinconada (noreste de Puno), según denuncias de los lugareños citadas por la CNR.
El jueves pasado, la Gobernación de la región de La Paz denunció que empresas mineras peruanas explotan ilegalmente oro en territorio boliviano al norte de este departamento, donde han entrado con maquinaria pesada para este fin.
Según la denuncia, los mineros peruanos han desviado las aguas del río Suches e ingresaron 1.000 metros en territorio boliviano, entre los hitos 19 y 20, para realizar sus trabajos.
La actividad minera en Puno, donde hay 2.800 concesiones, es básicamente aluvial (se desarrolla en los ríos) y se concentra principalmente en las cuencas del Ramis, el Suches y el Tambopata-Inambari, de acuerdo a un informe del diario El Comercio publicado en marzo de 2009.
Los pobladores de los asentamientos mineros artesanales e ilegales viven en situación de extrema pobreza, sin servicios básicos, y en las actividades de extracción ilegal de oro participan familias enteras, incluyendo mujeres y niños pequeños.
En Perú, la minería informal produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de 40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000, según información oficial.