Las tierras de la discordia son ricas en hidrocarburos

En el Gran Chaco, la disputa por la posesión de la tierra es cruzada por muchos intereses. Los guaraníes, tercer pueblo indígena más numeroso de Bolivia, después de quechuas y aymaras, reclaman territorio. El Gobierno, está interesado en atender su reclamo. Los hacendados afirman tener sus papeles de propiedad en orden y están decididos a defenderse. Todos saben, que esa disputa agria sobre la superficie, tiene un enorme fondo: en el subsuelo hay grandes yacimientos de hidrocarburos.

Caraparicito, la hacienda del polémico estadounidense Larsen, tiene dentro de sus alambrados el pozo Incahuasi, perforado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hace muchos años, pero luego “tapado”, porque en esa época no había mercado para el gas natural.

El Incahuasi, es considerado un “megacampo” por los ex trabajadores de YPFB, que abundan en Camiri y en la región que conocen como la palma de su mano. Ese campo es parte fundamental de la línea de grandes reservas gasíferas de Bolivia: San Antonio, Pozo Huacaya, Puerto Margarita y Campo Bermejo, son parte de esa línea que cruza el Chaco de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

Es obvio que para todos los actores es asunto estratégico. Con la nueva Constitución, que reconoce las autonomías indígenas, el declarar esas áreas (las de las 40.000 hectáreas que serán retornadas a propiedad estatal), como Territorio Indígena Originario (TCO), significará el control de la riqueza, los alcances de su explotación, y las regalías, a favor del pueblo indígena guaraní.

Para el Gobierno, significará coordinar directamente con el pueblo guaraní que podrá alcanzar pronto su autonomía, la explotación y distribución del recurso, y pasar por alto a la Prefectura. Es más, evitar que la Prefectura se beneficie con las regalías de ese pozo.

Para la Prefectura de Santa Cruz es fundamental mantener la riqueza como recurso departamental, para beneficiarse con lo que reporte la venta del gas, convertido en regalía. Por ello, añadido al principio de la defensa de la propiedad privada, la Prefectura de Rubén Costas respalda plenamente a los hacendados, quienes afirman que cuentan con todos sus papeles de propiedad en orden.

Los lugareños no restan razón a los dueños de haciendas. Recuerdan, por ejemplo, que el primer conflicto con el Viceministerio de Tierras fue el ingreso de las brigadas de saneamiento, hace poco más de un año, cuando se intentó evitar ese trabajo. Pero el Viceministerio ejecutó operativos que finalmente abrieron todas las trancas. Se realizó el saneamiento y no se produjeron los grandes anuncios de “latifundio, tierras improductivas, de engorde, que no cumplen la función económica social”.

Más bien se optó, desde el Viceministerio de Tierras, por otro argumento: “la esclavitud o servidumbre”. Ya lo había anunciado el viceministro del Ramo, Alejandro Almaraz, antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado: si en cualquier hacienda se encuentra un solo caso de trabajo esclavo, de servidumbre, no importa si se cumple la función económica y social, igual serán revertidas las tierras.

Y es bajo ese nuevo concepto que se anunció la reversión próxima de 40.000 hectáreas.

Los hacendados
Los hacendados de todo el departamento de Santa Cruz no ocultan su temor frente a extraños. Cerca de la ciudad de Santa Cruz fue imposible encontrar, mediante sus dirigentes en la capital, algún hacendado que acepte una entrevista en su propiedad, para tener fotos e imágenes para televisión tanto del entrevistado como de la hacienda.

Idéntica situación se repite en todo el departamento y, por supuesto, en la principal área de conflicto, en estos momentos, el gran Chaco, y específicamente en la zona de Alto Parapetí.

En esta zona cruceña existen decenas de haciendas, la mayoría muy bien equipadas, lo que significa importantes inversiones económicas. El Chaco tradicionalmente padece de sed. Este año no fue la excepción y decenas de cabezas de ganado vacuno murieron por falta de agua. La perforación de un pozo de agua cuesta al hacendado por encima de los 8.000 dólares.

Muchos optaron por hacer cavar “atajados”, para mantener el agua de las lluvias. Con el costo de tres atajados se paga la perforación de un pozo de agua. El atajado depende de la lluvia, en tanto que el pozo de agua, que precisa de una perforación superior a los 90 metros, garantiza la provisión del vital elemento. Pero además, luego de tener el pozo hay que hacer el tendido de cañerías y un motor que distribuya el agua para el uso de la hacienda y del ganado. También para riego.

El pasto es casi en su totalidad sembrado, lo que significa un costo adicional. Y recién se están haciendo contratos con la empresa generadora de electricidad en el departamento que, según el caso que se pudo constatar, el tendido de poco más de un kilómetro de cables de electricidad, que incluya alta tensión (desde el camino o carretera hasta la hacienda), significa un costo de 11.000 dólares en materiales. Los postes, y la distribución de la energía dentro de la hacienda, es presupuesto aparte. El contrato respectivo con la empresa que vende la energía dice que todo el material es propiedad de la empresa y no de la hacienda.

Además de vacas, las haciendas del Chaco crían ganado caprino, de mucho consumo en la región, y aves de corral. Pero también cultivan los alimentos para animales y humanos.

La mayoría de las haciendas, según afirman los lugareños, tiene contratos de trabajo con sus peones. Los sueldos fluctúan entre 1.200 y 700 bolivianos por mes. Los contratos están registrados en la oficina del Trabajo y todos, hacendados y peones, están afiliados a los servicios de la Caja Nacional de Seguridad Social.

Los guaraníes

Los guaraníes, el tercer pueblo indígena más numeroso de Bolivia, después de quechuas y aymaras, con casi 200.000 personas, desde el año 1987, cuando se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), reclama territorio, no sólo tierra. La demanda es reconstituir lo que fueron los territorios guaraníes hasta hace un siglo, cuando en la batalla de Kuruyuki, fueron derrotados y sus tierras ocupadas por “karais” (blancos).
Hasta el momento se han declarado varios territorios comunitarios de origen con ese objetivo, pero se estima que aún quedan unas mil familias “empatronadas”, o sujetas a las decisiones de los hacendados, sin posibilidad de contar con tierras, cultivos y ganados propios, por lo que se mantiene el reclamo.
La APG, como parte de sus demandas logró que las empresas petroleras que trabajan en la zona les reconozcan el derecho de “fiscalizar” sus actividades, lo que incluye contar con una participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que les permite generar actividad económica, con proyectos de ganadería, cultivos y apicultura, entre sus comunidades que pagan salarios más altos que los hacendados.
Del pueblo guaraní nació la demanda de creación del décimo departamento, lo que no fue atendido, pero que se considera compensado con las autonomías indígenas, sistema al que accederán con la nueva Constitución.
El 90 por ciento de los Territorios Comunitarios de Origen de los guaraníes son cruzados por las actividades de las empresas petroleras, con perforación de pozos, tendido de ductos y otras actividades.

La polémica sobre la posesión de la tierra, en el Chaco, llega incluso al área urbana. Hoy mismo, hay un conflicto entre una TCO guaraní y la Alcaldía de Camiri. La TCO tiene su límite en un extremo de la ciudad de unos 30.000 habitantes, pero el alcalde quiere que su municipio tenga una extensión mínima de 5 kilómetros a la redonda de la plaza, lo que invade el territorio indígena.